La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han firmado este miércoles, sin CEOE y Cepyme, un acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo con el que se amplía y simplifica el ámbito de protección del nivel asistencial.

Esta reforma, cuya redacción se ha estado limando hasta el último momento, se ha abordado en los últimos meses en el marco del diálogo social después de que en enero el Congreso tumbara la reforma que había diseñado el Gobierno, sin debatirla con los agentes sociales, con los votos de PP, Podemos y Vox.

Vinculada al cuarto desembolso de los fondos europeos por ser uno de los hitos recogidos en el Plan de Recuperación español, la reforma acordada entre el Gobierno, CCOO y UGT contempla un aumento de la cuantía del subsidio, actualmente de 480 euros al mes; amplía el colectivo de beneficiarios y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo, con mecanismos de control y seguimiento desde la Inspección de Trabajo para evitar situaciones de fraude.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (i), y de UGT, Pepe Álvarez - Foto: FERNANDO ALVARADO

Tras la firma del acuerdo, la vicepresidenta Díaz ha dejado claro que esta reforma "no es un ninguna paguita, sino un derecho" de los trabajadores y ha resumido el acuerdo en tres apartados: simplificar el acceso a los subsidios por desempleo para que la Administración Pública sea "un puente y no un muro" para las personas que más lo necesitan; mejorar y ampliar la protección para que llegue a más colectivos y compatibilizar los subsidios y las prestaciones contributivas con el empleo para que "no sean un obstáculo para quienes deseen incorporarse al mercado laboral".

La ministra ha subrayado que el subsidio, cuya cuantía actual es de 480 euros al mes, subirá en 90 euros mensuales gracias a esta reforma, que permitirá además recibir este subsidio a las víctimas de violencia de género desde los 16 años de edad. "Lo que hoy presentamos marca un punto y aparte en la protección asistencial de las personas desempleadas que son las personas que más lo necesitan", ha enfatizado la titular de Trabajo.

Para Díaz, "no hay mejor manera de festejar" el 104 cumpleaños de la creación del Ministerio de Trabajo que firmando un nuevo acuerdo de diálogo social. "Estamos demostrando que el diálogo social en España sigue a pleno rendimiento y sigue siendo, sobre todo, una herramienta para ganar derechos", ha subrayado la ministra, que ha agradecido a la CEOE y Cepyme sus aportaciones pese a no firmar el acuerdo.

"Nos hemos beneficiado de las aportaciones que ha hecho la patronal hasta ayer mismo, y lo quiero agradecer expresamente (...). CEOE y Cepyme han sido muy activos en la confección de esta norma y en la mejora de la misma. Por ejemplo, la CEOE ha sido clave para mejorar la compatibilidad del subsidio y la prestación del desempleo con el trabajo y también para proteger y mejorar a las mujeres víctimas de violencia machista en nuestro país", ha remarcado Díaz.

La vicepresidenta ha afirmado que este acuerdo, el decimonoveno desde que llegó al Ministerio de Trabajo, permite cumplir "en tiempo y forma" con Bruselas para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos y está pensado para "acabar con los sesgos de género".

"Es una norma profundamente feminista (...) A partir de hoy, quien trabaje a tiempo parcial, que son las mujeres en nuestro país, no van a sufrir una merma en su protección. Es un paso decisivo para acabar con la discriminación de género y esta vez en el ámbito de la protección social", ha indicado la ministra, que ha añadido que "la gente nos quiere solucionando sus problemas y gobernando".

Satisfacción también entre los sindicatos

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se han declarado "muy satisfechos" por llegar a un acuerdo "importantísimo" para los trabajadores, pero también para las empresas, que tendrán acceso a un personal con mayor formación.

Álvarez, que ha desvelado que la reforma se aprobará por Real Decreto-ley, ha defendido que esta reforma ha sido "objeto de amplísima negociación con el Ministerio", y que su objetivo fundamental "no son los subsidios", sino el de ayudar a las personas en paro a encontrar un empleo. "En todo caso, los subsidios son un instrumento temporal para que las personas que están en nuestro país en una situación de desempleo puedan acceder al empleo", ha añadido.

El líder de UGT ha dicho además que este acuerdo pone a España "a cero" en relación con la brecha de género, porque elimina la parcialidad de los subsidios, beneficiando así mayoritariamente a las mujeres.

A su juicio, "es esencialmente importante" el compromiso del Gobierno de conseguir que las personas que están en desempleo, especialmente los mayores de 52 años, tengan la oportunidad de poder alcanzar un empleo.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que este acuerdo mejora las condiciones de acceso al subsidio "de muchísimas personas"; mejora el tratamiento y la cuantía de estos subsidios y va a contribuir a cumplir con los hitos del Plan de Recuperación para liberar recursos económicos "que son necesarios para transformar nuestro modelo económico".

"Es un gran acuerdo, mejora la vida de millones de personas y es perfectamente compatible con ese gran objetivo irrenunciable de llegar cuanto antes al pleno empleo", ha subrayado Sordo, que ha instado a las fuerzas parlamentarias a dar su apoyo a esta reforma y a que se apruebe "cuanto antes".

En este sentido, ha defendido que para alcanzar el pleno empleo en España, hay que proteger a colectivos particularmente vulnerables que en determinadas circunstancias pierden su empleo y tienen dificultades de inserción laboral. "No hay una disociación entre la creación de empleo, el pleno empleo y las medidas de protección social, todo lo contrario", ha recalcado.

Pese a todos los elementos positivos del acuerdo, ambos dirigentes sindicales han vuelto a reivindicar que la referencia para cuantificar los subsidios no sea el Iprem, sino el umbral de la pobreza.

CEOE y Cepyme: "No ha habido una verdadera negociación"

Las patronales CEOE y Cepyme han enviado un comunicado para explicar su decisión de no firmar un acuerdo. A su juicio, "no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta".

"Habíamos transmitido a la vicepresidenta y ministra de Trabajo que no participaríamos en un acto público de estas características", afirman también, y lamentan que la propuesta de forma no haya venido acompañada de una memoria económica, "algo de especial gravedad en un momento en el que los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados y dado el impacto económico de las medidas".

"Parece que la premura para realizar esta firma responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real", deslizan las organizaciones empresariales que, en todo caso, han reiterado su apuesta por el diálogo social.

Las claves de la nueva reforma del subsidio de desempleo

La reforma del subsidio por desempleo firmada este miércoles por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, contempla un aumento por tramos de la cuantía de esta ayuda, actualmente de 480 euros al mes; amplía el colectivo de beneficiarios, y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo, entre otras medidas.

Esta reforma, que entrará en vigor con carácter general en noviembre de este año, incorpora algunas novedades respecto a la que tumbó en enero el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos, como las referidas a la compatibilidad de las ayudas por desempleo con un puesto de trabajo.

En el caso del subsidio, cuya duración máxima seguirá siendo de 30 meses, la compatibilidad será por un periodo tope de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial, sin reducción de la cuantía. En el caso de la prestación contributiva se podrá compatibilizar con un salario también durante 180 días a partir de llevar un año en desempleo, pero con ciertos límites.

Esta medida, que no estaba recogida en la anterior reforma, persigue evitar que el paro "se enquiste", pues a partir del año es cuando empiezan a existir "grandes problemas de inserción". De este modo, la compatibilidad de la prestación contributiva con un empleo se configura como "una fórmula especial de protección a los parados de larga duración", en palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Este nuevo régimen de compatibilidades irá acompañado del establecimiento de mecanismos de control a través de la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo para determinar los supuestos de compatibilidad de prestaciones por desempleo y trabajo por cuenta ajena que deban ser objeto de actuaciones inspectoras, todo ello para evitar el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones.

La nueva reforma mantiene la simplificación de los trámites administrativos para acceder al subsidio, con la eliminación del mes de espera para las personas que hayan agotado su prestación contributiva y quieran solicitar el subsidio. Así, la ayuda se podrá cobrar desde el primer día.

Se mantiene además en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos a la misma al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura. Con esta decisión, se allana el camino para que la reforma reciba el visto bueno en el Parlamento.

La reforma, que no ha sido firmada por CEOE y Cepyme, mejora las cuantías de los subsidios durante los 12 primeros meses de percepción, estableciendo tres tramos: el subsidio será del 95% del Iprem durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales con el Iprem actual); del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).

Al subsidio podrán acceder ahora personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado (unos 200.000, según cálculos sindicales).

Además, los trabajadores residentes en Marruecos que hayan desempeñado su última relación laboral en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, amparados por autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos, podrán acceder a la protección por desempleo de nivel contributivo sin necesidad de acreditar residencia en España, siempre que reúnan todos los requisitos establecidos en la legislación aplicable y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

La reforma elimina los subsidios parciales para quienes hubieran trabajado a tiempo parcial, pudiendo cobrarlos íntegros, al tiempo que permitirá que las personas con menos de 12 meses cotizados (que son los necesarios para acceder a una prestación contributiva) puedan acceder al subsidio, medida que beneficiará fundamentalmente a los jóvenes.

Se facilita además el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para las personas que acceden al subsidio, al permitir el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, alternativamente, y se ampliará la cobertura al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar.

Al mismo tiempo, se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del Régimen General y, adicionalmente, se compromete una reducción de las jornadas reales requeridas para acceder a los primeros como consecuencia de la sequía.

La reforma permitirá también que aquellos que están cobrando subsidios puedan agotar sus prestaciones actuales y, posteriormente, pasar a incorporarse en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una pasarela de la que quedarán excluidas las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados, que se mantendrán en el subsidio.

Asimismo, se introduce como causa de suspensión del subsidio que los trabajadores fijos-discontinuos sean llamados a reiniciar su actividad y no se reincorporen a su puesto de trabajo, salvo causa justificada.

La reforma establece también un mecanismo de reserva de políticas activas de empleo para mayores de 52 años para destinar una parte de los fondos de empleo a este colectivo, del orden de unos 600 millones de euros.

Asimismo, la prestación se coordinará con un itinerario personalizado de activación para el empleo con la suscripción de un acuerdo de actividad (conocido anteriormente como compromiso de actividad) con los Servicios Públicos de Empleo, estableciéndose como prioritario el colectivo de parados de larga duración para los programas y acciones de inserción laboral.