La ONU ha pedido al Gobierno que adopte "todas las medidas necesarias" en relación con las llamadas "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana al considerar que pueden obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.

El pronunciamiento de la ONU se recoge en una comunicación conjunta de los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabian Salvioli, y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, el chileno Morris Tidball-Binz, así como del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que encabeza Aua Baldé, de Guinea Bissau.

Según el organismo internacional, las medidas del Gobierno han de estar encaminadas a preservar la memoria colectiva ante las "graves violaciones de los derechos humanos" y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas, al entender que las tres leyes obstaculizarían el derecho a conocer la verdad.

Archivo: ONU - Foto: Europa Press

En el informe, redactado a instancias del Gobierno español, remarca que todos los poderes del Estado y entidades públicas "deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos", y que no hacerlo compromete la responsabilidad de España.

Ante el requerimiento de Naciones Unidas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha emplazado al Gobierno de Aragón a una negociación bilateral previa a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que corrija su normativa.

Torres ha advertido de que actuará del mismo modo con los de la Comunidad Valenciana y Castilla y León si siguen adelante con las reformas legislativas que tienen en tramitación al entender que también pretenden "blanquear la dictadura" de Franco, al no condenarlo ni hacer referencia a las víctimas del bando republicano.

Archivo: ONU - Foto: Europa Press

El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha criticado el informe de la ONU por sus "errores de bulto" y "bulos" al alegar que en este territorio no se ha aprobado una ley de concordia, sino un plan "en el que todo el mundo se vea reflejado".

Para Azcón, lo que dice el escrito es "lisa y llanamente mentira" y ha lamentado que la ONU se haya dejado influir por la información que le ha trasladado el Gobierno central.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha compartido la queja de Azcón de que los relatores no hayan pedido opinión a los ejecutivos autonómicos.

Más crítico ha sido su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, quien se ha preguntado: "¿Quiénes son estos señores?".

"¿Con quién guardan afinidad?, ¿qué saben de la legislación española?, ¿qué saben del contenido real de estas leyes? Porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento", ha censurado García-Gallardo.
El síndic en Les Corts Valencianes, José María Llanos, de Vox, ha exhortado a la ONU a "dedicarse a lo suyo", que es "salvar vidas y evitar los conflictos en el mundo". "Desde 1948 pocas ha salvado y pocos conflictos ha evitado", ha agregado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que lo "mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado".

"Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha incidido Núñez Feijóo.

El PSOE ha exigido al líder popular que aclare si está "con las víctimas o con las leyes de la vergüenza" tras acusar a este partido y a Vox de "arrastrar la imagen internacional de España por el fango".

Para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que la ONU zanje que "las leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España" supone una "vergüenza" para PP y Vox.

En la misma línea se ha pronunciado la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para quien las normas cuestionadas "no buscan la concordia, sino justo lo contrario".

Las asociaciones en defensa de la memoria histórica han celebrado la postura de la ONU y se han sumado al llamamiento al Gobierno para que se haga justicia.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha asegurado que las iniciativas de las tres comunidades autónomas son "un intento por blanquear el franquismo y ensalzar la dictadura, lo que supone una agresión para las víctimas", según su presidente, Emilio Silva. 

CHIVITE DICE QUE LAS LEYES DE CONCORDIA HAN QUEDADO "SEÑALADAS" POR LA ONU Y CRITICA LA POSTURA DE UPN Y PPN AL RESPECTO 

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado, después de que la ONU haya instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que "ayer, casualmente, tuvimos ese debate en el Parlamento de Navarra, donde el Partido Popular defendió esas leyes de concordia que hoy claramente quedan no solo afeadas sino señaladas".

"También vimos ese posicionamiento de UPN, que siempre se ha quedado en la tapia en temas de leyes de memoria, porque nunca ha sido capaz de apoyar y reconocer las víctimas de la dictadura franquista porque siempre se ha quedado en la abstención", ha añadido.

Así lo ha remarcado este viernes, en respuesta a los medios de comunicación sobre el pronunciamiento de la ONU. Preguntada por la carta que envió al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, en la que pedía "trabajar conjuntamente para avanzar en el fortalecimiento democrático e institucional", ha señalado que ambos dirigentes han concertado una reunión para el día 17 de mayo.

"Creo que estamos hablando de cuestiones muy básicas, de cuestiones como el respeto, de cuestiones como los insultos. ¿No nos podemos comprometer todas las formaciones políticas a ser más respetuosas, a utilizar un lenguaje más adecuado? Me parece que son cuestiones básicas, no de la política, sino de la vida cotidiana", ha subrayado.

Según Chivite, "lo mismo que estamos exigiendo en todos los ámbitos -lo vemos en el ámbito del fútbol, lo vemos en los colegios con nuestros hijos-, qué menos que la Cámara de representación del conjunto de la ciudadanía navarra también tenga al menos esos términos de respeto y un lenguaje también adecuado".

"Yo creo que es una preocupación compartida. Tenemos que parar, tenemos que rebajar el tono, cada uno, por supuesto, con sus posicionamientos. No me estoy negando ni muchísimo menos a la crítica política, a la rendición de cuentas, a la transparencia, pero qué menos que el respeto y utilizar un lenguaje un poco más adecuado, que no le permitiríamos a nuestros hijos esos términos en los que a veces nos manejamos en el Parlamento", ha dicho, tras considerar que "esto no va contra nadie, yo creo que va en beneficio de todos".